Miguel Gómez, boyero de Pedro de Leiva, dueño de sus carros, vecino de México, en nombre de su amo recibió en arrendamiento un sitio de potrero para comedero de la boyada de Juan Toscano, persona que tiene arrendados sitios de estancias de don Juan Ochoa de Lejalde y Reynoso, ubicado en términos del pueblo de San Antonio, que llaman Pustla, linda con sitio de estancia nombrado Atriguayan, durante cuatro años y al precio de 100 pesos de oro común y dos botijas de vino anuales.
BOYEROS
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Demanda de Lázaro Díaz, vecino de este pueblo, a Pedro Rodríguez, boyero residente en esta jurisdicción, por ciertos daños que le causaron sus bueyes a su milpa de maíz.
Tomás de Soto, boyero, vecino de México, se obliga de pagar a Melchor del Moral, vecino de Jalapa, 69 pesos de oro común, precio de tres caballos de diferentes hierros.
Francisco Claudio, boyero, estante en este pueblo de Jalapa, dio su poder cumplido a Diego González, vecino de Jalapa, para que en su nombre pueda cobrar, de Gabriel de Movellán, señor de su cuadrilla, vecino de la ciudad de México, 400 pesos de oro común de una escritura que le firmó.
Alejandro Martín, boyero, se obliga de pagar a Rodrigo Hernández, vecino de Jalapa, 40 pesos de oro común, por los daños que su ganado hizo en una sementera de maíz.
Gonzalo Francisco, boyero vecino de México, se obliga de pagar a Melchor de Bazares, 45 pesos de oro común que son el precio de dos caballos.
Pedro Díaz, dueño de sus carros, vecino de México, se obliga de pagar a Sebastián Domínguez 55 pesos de oro común que le resta debiendo del tiempo que sirvió de boyero en sus carros.
El Capitán Salvador de Acosta vende a Rodrigo Hernández, vecino de Jalapa, tres piezas de negros esclavos, bozales, de tierra Bran, Biafara, y Jolofo, por el precio de 1035 pesos de oro común.
Real provisión compulsoria emitida por el Rey para trasladar a la Real Audiencia el proceso que contra Francisco Martín Espejel, dueño de sus carros, le sigue Juan Coronado, Juez del Camino nuevo de la ciudad y puerto de la Veracruz, quien dio orden de aprenderlo por haber comprado unos carros y bueyes a Agustín de Sosa y a Francisco González, carreteros, sin saber que estos sujetos habían tenido cuestión con un fulano moreno, mayordomo de la cuadrilla de carreras de Diego Díaz, y que en la cuestión había salido muerto un indio, por lo cual Francisco Martín Espejel, apela la orden del Corregidor, argumentando que éste no tiene jurisdicción, ni él ha cometido delito, y que por estar en prisión ha perdido como 6 000 pesos por unos bueyes que se le han extraviado y no pudo ir en su búsqueda.
Autos que siguen don Luis Vivero y Peredo, vecino de Tulancingo, y Diego de Córdoba, boyero, por el arrendamiento del comedero nombrado Escamela, en términos de Orizaba, perteneciente a dicho don Luis.