Ante don Pedro Gorrindo Palomino, Teniente General de esta provincia, los Cabildos y Ayuntamientos de los pueblos de San Antonio Tepetlán, San Andrés Acatlán y San Miguel Aguasuelos de la jurisdicción de Jalapa, ratifican un convenio de fecha 25 de noviembre de 1725 firmado en el pueblo de Jalapa, en el cual se comprometen a respetar y no pelear por las tierras que les pertenecen y hacen comunes las tierras que han gozado unos y otros, y como tales se han de defender a costa de los tres a prorrata según el número de tributarios que haya en cada pueblo.

Don José Nicolás de Acosta, vecino de Jalapa, uno de los herederos y administrador de las tierras del Capitán Manuel de Acosta, con poder para administrar y defender a los demás coherederos, otorga poder general a don Juan Manuel Castañón, de la misma vecindad, en sustitución de don Manuel Barrientos, vecino de México, a quien se lo revoca, para que los defienda en todos sus pleitos, causas y negocios, civiles y criminales.

Ante Payo Patiño Dávila, Corregidor de esta provincia, pareció Francisco de Velasco en nombre y por poder de don Rodrigo de Vivero, para pedir se respete la presente Real Provisión, misma que dicho Corregidor tomó entre sus manos, y besó, diciendo que se acatará lo ordenado en la dicha Real Provisión, y mandó se notifique al administrador Felipe de la Cueva [y de Herrera]. La Real Provisión está dirigida a los corregidores de la provincia de Tequila y demás justicias, con respecto al pleito que se ha tratado en la audiencia y cancillería de la ciudad de México, por una parte entre Baltazar de Cabrejas y otros acreedores de don Rodrigo de Vivero. Asimismo, el dicho don Rodrigo de Vivero, de la otra parte, sobre cantidades de pesos de oro por que le tienen ejecutado el ingenio de Orizaba y tributos del pueblo de Tecamachalco de su encomienda, en que fue tercer opositor Martín de Bermeo, pretendiendo ser preferido y se le pagase primeramente las cantidades de maravedí y pesos de oro que a él le debía, ordenándose que dicho ingenio de Orizaba, sus anexos, pertrechos y tributos del pueblo de Tecamachalco, se pusiesen en depósito en persona que los administrase y que los frutos procedido de todo ello se pusiesen en depósito general de la audiencia.

Real provisión emitida por el Rey, respecto al proceso criminal que se le sigue en la Audiencia de la ciudad de México a Jorge Martín, preso en la cárcel real de la corte, acusado de haber dado muerte a Alonso Camacho, boyero de Juan Gutiérrez Rojo, en el pueblo de Orizaba, propinándole muchas puñaladas, por lo cual se mandó que lo aprendiera Juan de Valencia, Receptor de la Real Audiencia. Camacho se resistió y tiró un arcabuzazo hiriendo a dicho Valencia, quien estuvo a punto de morir. Preso Jorge Martín se procedió a secuestrarle y embargarle todos sus bienes, siendo depositados en Martín de Prado, vecino del pueblo de Maltrata, y en Francisco Hernández, vecino de la estancia de labor llamada Tecolotiquipac, junto al pueblo de San Andrés. Y por cuanto Antonia Hernández, mujer legítima del dicho Jorge Martín, presentó petición para que le devolviesen 1 300 pesos, de los cuales 1 000 pesos corresponden a la dote que llevó al matrimonio y los 300 de arras. Por la presente se ordena informar a los depositarios de los bienes de Jorge Martín, exhiban los bienes para su venta y remate en pública almoneda o fuera de ella y de ello se paguen los 1 300 pesos que reclama Antonia Hernández.

Pleito entre partes de los menores hijos de Alonso Camacho Tellez y de doña Leonor de Montalvo, y de la otra Francisco Moreno Toral, albacea.

Provisión Real compulsoria, dirigida al escribano a cargo del proceso que contra la parte de Pedro de Herrera y Juan de Herrera, vecinos del pueblo de Maltrata, ha seguido Payo Patiño Dávila, Corregidor, a instancias de Tomás Ruiz, beneficiado de dicho pueblo, y de Simón Prado, en cuyo proceso dicho Corregidor por complacer a Tomás Ruiz y Simón Prado, procedió contra los mencionados Pedro y Juan, a los que encarceló y agravió quitándoles y secrestrándoles [sic] sus bienes sin que para ello hubiese habido causa legítima, por lo cual los agraviados con el fin de que les devuelvan sus bienes suplicaron al rey mandase Provisión Real compulsoria para traer todo lo hecho y actuado a la Real Audiencia, petición a la que accedió el Rey Felipe, y por la presente ordena se le entregue a Pedro y Juan de Herrera un traslado autorizado de los procesos y autos de la causa.

Don Antonio de Orduña Loyando, dueño del ingenio de San Pedro Buenavista, dio su poder cumplido a Cristóbal de Atiencia, vecino de la ciudad de Puebla de los Ángeles, generalmente para en todo sus pleitos causas y negocios civiles y criminales que al presente tiene o adelante tuviere, particularmente con el Tesorero Antonio Gómez de Paz, vecino de la ciudad de Puebla de los Ángeles.

Los naturales de San Andrés Acatlán, y su sujeto, San Miguel Aguasuelos, de esta jurisdicción, mediante José Martín Ibáñez, intérprete de este juzgado, aprobaron y ratificaron la transacción y concierto celebrado entre el Tesorero General de la Santa Cruzada del obispado de Los Ángeles, el Capitán Don Juan Dávila Galindo y Vargas, albacea del Lic. Don José de la Peña Tejeda, religioso profeso de la Orden de San Francisco, y como Síndico del Convento de Santa Bárbara de la ciudad de los Ángeles, y los naturales de San Pedro Tonayán, San Pablo Coapan, San Andrés Acatlán y San Miguel Aguasuelos, sobre la propiedad de ciertas tierras de que tenían pleito en la Real Audiencia.