Parecieron por una parte doña Nicolasa Catarina Cardeña, mayor de 25 años, propietaria del oficio de Escribano Público de este pueblo de Jalapa, su jurisdicción y agregada de Jalacingo, despachada en él por renuncia que en virtud de real facultad le hizo su difunto padre don Diego Cardeña; y por la otra parte pareció su hermano don Miguel Eustaquio Cardeña, Escribano Real de esta misma vecindad, que ha estado despachándolo desde en vida de su padre y después de su muerte hasta el presente; ambos acuerdan que la propietaria le ha de dar nombramiento de Escribano Público interino, con la aprobación del Excelentísimo Virrey de este reino, para que pueda continuar en el despacho del referido oficio, con la condición de que ha de partir por mitad el líquido que le pagaren de todos los derechos y emolumentos de cuanto se actuase en este pueblo y su jurisdicción.

Don Miguel Ignacio de Miranda, vecino de España y residente en el pueblo de Jalapa, tiene tratado con don José de Ayala Matamoros, entregarle los réditos de 5 %, de una cantidad de 40, 000 pesos, por lo que han convenido ahora con don Gaspar de Morales y de los Ríos, de la Orden de Santiago, con poder del citado Matamoros y su esposa, entregarle los mencionados réditos, transfiriéndoselos a don Francisco Domínguez Lozada.

En junta general convocada por don José de Osuna, Teniente de Alguacil Mayor, para los vecinos, comerciantes y hacendados de este pueblo, con el fin de determinar que hacer con lo liquido sobrante de las alcabalas. Acordando que de dicho sobrante se tomen 3, 000 pesos si alcanzase y se impongan estos a réditos de 5 % y liberar con ellos al vecindario de los utensilios que se dan a las tropas de tránsito en los alojamientos y reparos de las casas que se ocupan para ello, en caso que excediese de los 3, 000 pesos, estos se inviertan para la comodidad de la casa en donde se realiza la presente junta y que sirve de alojamiento a soldados y oficiales, así mismo se nombran a los Diputados: Capitán Manuel de Bárcena Bezanilla, Capitán José Antonio de la Pedreguera, don Juan Gómez de Estrada, don Pedro Gorrindo Palomino, Alférez Juan de Bárcena y a don Pedro Miguel Martínez para que se encarguen de la administración y de lo que se pueda ofrecer.

El Bachiller José de Acosta, Presbítero, con poder especial otorgado a su favor por Juana de Acosta y los hijos de Francisco Domínguez Muñiz, dueños del trapiche de los Otates, quienes sostienen pleito por tierras con los Palmeros, hijos legítimos de la citada Juana de Acosta, han convenido entregar a la misma, dos partes de tierra para que el ganado de ambas familias paste en la parte que queda de los Otates, y que cuando dicha Juana fallezca, las partes de tierra que se mencionan sean devueltas con sus mismos linderos a los Domínguez, los cuales pagarán 100 pesos de oro común que es el precio de dicho pedazo, con la condición de no tener vecinos, más que a los mencionados Palmeros.

El Bachiller José Nicolás de Acosta, Clérigo Presbítero Domiciliario del Obispado de Puebla, heredero de Manuel de Acosta, junto con don Lorenzo Benito Álvarez de Guzmán, en representación de su legítima esposa Gertrudis Jacinta García de Baldemora, como hijos y herederos de don Manuel de Acosta, dijeron que dentro de los bienes del difunto Ventura de Acosta, quedaron tierras que están en pleitos, y para excusar dichos pleitos, otorgan por vía de paz, que se han convenido en lo siguiente: Nicolás señala que de los alcances que resultaron a favor de los herederos del difunto Manuel de Acosta, fue la cantidad de 468 pesos y algunas propiedades que entregó a los apoderados de dicho herederos, los cuales no subsanan el total de los bienes que tenia bajo su administración, mencionando que por no quedarle bienes propios con que pagar dicho total, se obliga a cubrirlo, para lo cual trasfiere los trapiches de la Concepción y San Diego, los cuales cede junto con los demás bienes que ya tiene entregados, para que entre ellos se lo dividan. Dichos otorgantes señalan que se desisten de dicho pleito, con la condición de que si alguno de ellos no cumpliera con lo antes dicho, se harán acreedores a una multa.

Don Juan Gómez de Estrada, de esta vecindad, como albacea de doña Juana Núñez y don Nicolás de Ortega junto con su mujer doña Juana Villegas, ambas partes señalan que han llevado pleito por un pedazo de solar en que la difunta Juana labró su casita, pero en vista de los gastos erogados, trámites ocasionados por este litis, han convenido Nicolás y Juana en que reciben de Juan Gómez la cantidad de 50 pesos como pago, desistiéndose de dicho pleitos, y para cumplir el acuerdo se han impuesto una pena convencional de 200 pesos.

Don Cristóbal García, vecino del pueblo de Jalapa, viudo del primer matrimonio con doña Petrona Josefa de Castro, junto con don José Antonio García, hijo y heredero de dicha Petrona, convinieron en que respetaran el compromiso hecho el 26 de septiembre de 1758, en donde señalan la partición de los bienes de dicha difunta y del que José se da por entregado de las partidas que le hizo su padre.

Don José Ignacio de Uriarte, vecino y del comercio de Veracruz, residente en esta Villa de Xalapa, otorga poder especial a don Jerónimo de Alcalde, vecino del pueblo de Perote, para que se ponga de acuerdo con don Francisco Villa, padre político del otorgante, y conteste sobre todos los particulares concernientes a la testamentaria de la difunta doña María Gertrudis Villa de Aparicio, esposa que fue del citado su padre, y madre legítima de su esposa doña Ana Paula de Villa, por lo respectivo a la tutela materna de esta.

Doña María Magdalena de la Torre, de esta vecindad, viuda de don Bernardo Cardel, y don Francisco Javier López, de esta misma vecindad, albacea de dicho Cardel, dijeron que después de varias dificultades entre ambos han acordado que dicho albacea entregue 260 pesos 5 y medio reales a dicha viuda, cuya cantidad exhibió el citado albacea por vía de paz y concordia.

Don Mariano de Campo, de este comercio y vecindad, como apoderado de los herederos de Acosta, y don Cayetano Acosta, marido legítimo de doña Mónica Acosta, heredera del Presbítero don José Nicolás de Acosta, ambos se expresaron respecto a cierto litigio que trataron de promover la susodicha y su consorte por el derecho que exponen tener a las tierras nombradas los Ojuelos, por lo cual se han comprometido en poner dicho asunto en manos y parecer de jueces árbitros para que de común acuerdo decidan las dudas y diferencias que encontraren, por lo que otorgan poder a los licenciados don Sebastián Jarero, vecino de la Nueva Veracruz, y a don José María Durán, de esta Villa, ambos Abogados de la Real Audiencia de México. El primero nombrado por parte de don Mariano de Campo y el segundo por la de don Cayetano Acosta, para que ambos de mancomún vean los autos o papeles que sobre el caso hubiera y con audiencia o sin ella procedan a sentenciar lo que les parezca.