Don Francisco Fernández y Agudo, de esta vecindad, y don Francisco Hernández, de la hacienda de la Rinconada en la doctrina de San Salvador el Seco en el estado o departamento de Puebla, dijeron que el primero como arrendatario general de las haciendas pertenecientes al mayorazgo que disfruta el señor general don José María Cervantes, en cuya finca se comprende la hacienda titulada de la Higuera, ubicada en dicha doctrina, le da en subarriendo al nominado Hernández dicha finca de la Higuera bajo las condiciones siguientes: que dicho subarriendo es por el término de cuatro años que deben comenzar a correr y a contarse el 12 del presente mes y termina el 12 de marzo de 1840. Que el precio del subarriendo es el de 600 pesos anuales. Que el importe de los dos primeros años debe exhibirse por adelantado; que al vencimiento del segundo año debe adelantarse los 600 pesos del tercero y al vencimiento de él adelantará lo correspondiente al cuarto, debiendo hacer esa exhibición en la ciudad de la Puebla. Que el señor Hernández ha de conservar en buen estado los edificios y las cercas que existen. que es obligación del señor Hernández cuidar de que nadie se introduzca en los linderos de la respectiva finca. Que éste no queda obligado a recibir al vencimiento del tiempo pactado, ningunos llenos, siembras, ganados, semillas, enseres ni cosa alguna, sino la finca. bajo las expresadas cláusulas de que quedan bien enterados los referidos don Francisco Fernández y Agudo y don Francisco Hernández, otorga el primero que le da en arrendamiento al segundo la enunciada hacienda por el tiempo que queda fijado.

Ante don Juan de la Lastra Madrazo, Alcalde Mayor, Juez de Caminos y de Registros, pareció Simón Franco, como mayordomo y administrador de la hacienda de Cuyucuenda, que es del General don Diego [Ortiz de] Largache, para registrar una partida de ganado que tiene en las sabanas de este pueblo, compuesta de 800 reses, toros, de dicha hacienda, para pasar a los ejidos de la ciudad de la Puebla, México y otras partes que le convenga para su venta.\n

Ante Juan Silvestre Martínez de Montemayor, Alcalde Mayor, Juez de Caminos y de Registros, pareció Miguel Hernández, como mayordomo y administrador de la hacienda nombrada Cuyucuenda, que es de doña Ana Francisca de Zúñiga y Córdoba, viuda del General don Diego Ortiz de Largache, para registrar una partida de ganado que tiene en las sabanas de este pueblo, compuesta de 300 reses y toros de dicha hacienda, para entregarlos en este pueblo a Alonso Rincón por cuenta del obligado de la Puebla.\n

Ante Juan Silvestre Martínez de Montemayor, Alcalde Mayor, Juez de Caminos y de Registros, pareció Miguel Hernández, mayordomo y administrador de la hacienda de vacas nombrada Cuyucuenda, que quedó por bienes de doña Ana Francisca de Suniga [Zúñiga] y Córdoba, viuda que fue del general don Diego Ortiz de Largache, para registrar un partida de ganado que tiene en las sabanas de este pueblo, compuesta 350 reses y toros de dicha hacienda, para poderlos entregar al administrador del abasto de la ciudad de los Ángeles.\n

El General Pedro Fernández de Santillán, Caballero de la Orden de Santiago, arrendatario del ingenio de fabricar azúcar nombrado San Pedro Buenavista, cuya propiedad tiene el Capitán Juan Velázquez de la Cadena, vecino de la Ciudad de los Ángeles, y en virtud del poder que le dio para que en su nombre conceda carta de libertad, por la presente liberta a Diego de Sevilla, mulato esclavo de 32 años más o menos, criollo de dicho ingenio, quien paga por su libertad 380 pesos de oro común.

Miguel de la Rosa Ballesteros, Petrona de la Rosa Ballesteros y Ana de la Rosa Ballesteros, vecinos del pueblo de Coatepec, mayores de 25 años, venden al General Pedro Fernández de Santillán, vecino de esta jurisdicción, una esclava mulata nombrada Mariana, de 24 años más o menos que compraron a Miguel Ruiz de Aguilar, vecino de la Ciudad de Puebla de los Ángeles como consta en la escritura, cuya esclava se encuentra libre de censo, empeño e hipoteca, sin asegurarla de tachas, vicios o defectos, en precio de 340 pesos que por su valor ha pagado.

Don Francisco Pibot y Tapia, vecino de esta villa de Córdoba, albacea y tenedor de bienes del General don Francisco Sigler del Rebollar, difunto, otorga que vende a Antonio de Guevara, vecino de la ciudad de los Ángeles, una negra esclava que fue de dicho difunto, con su cría Ifigenia, criolla de esta villa, y la dicha negra nombrada Antonia, que será de edad de veintiocho años, que es la misma que don Francisco Sigler compró de don Francisco Barreda, vecino de la ciudad de los Ángeles. Las vende en precio de 450 pesos horros de alcabala.

Don Francisco Pibot y Tapia, como principal deudor, en voz y nombre del General don Sebastián de Plaza y del Capitán don Pedro de Irigoyen, vecinos de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, como sus fiadores; y los Capitanes don Lope Antonio de Iribas, don Manuel Sáenz de Rosas, Caballero de la Orden de Calatrava, Juan de los Santos Cubillos y Juan Álvarez de Rivera, vecinos de esta villa de Córdoba y dueños de haciendas del beneficio de hacer azúcar en esta jurisdicción, también como sus fiadores y principales pagadores; dijeron que por cuanto el veintiocho de junio pasado se le remató a don Francisco Pibot y Tapia la hacienda del beneficio de hacer azúcar nombrada Santa Cruz de las Palmillas, que quedó por bienes del Provincial don Francisco Cruzado, difunto, y que poseía don Francisco Javier Cruzado, su hijo, en cantidad de 22 000 pesos, de los cuales 3 300 pesos están cargados sobre dicha hacienda a censo redimible a favor de los Capitanes don Gregorio Martínez de Solís y don Gaspar Carlos de Rivadeneira, vecino de la provincia de Tepeaca; y de los 19 000 pesos restantes deberá pagar a los acreedores y reconocer las tutelas de los menores hijos del difunto, habiéndole dado dos años de hueco y uno de paga, y cumplido este plazo 3 000 pesos en cada año. Por lo cual otorgan se constituyen como sus fiadores y principales pagadores de los dichos 19 000 pesos en los tiempos y plazos mencionados, y de no pagar el principal deudor lo harán ellos como sus fiadores.

El Alférez Gabriel de Castroviejo, [residente] de esta villa de Córdoba y vecino de la ciudad de los Ángeles, [vende] al Regidor Miguel de Leiva [Esparragosa], [roto] dueño de trapiche en esta jurisdicción, un negro esclavo nombrado Francisco Guerrero, criollo de los Reinos de Castilla, de dieciocho años de edad, que compró a Martín Guerrero, Sargento de la almiranta de la presente flota surta en el puerto de San Juan de Ulúa del General don Juan de Calzadilla, el cual ahora vende en precio de 350 pesos de oro común, obligándose el vendedor a entregar el título dentro de dos meses.

El Licenciado don Juan [Yáñez] Hortega [Ortega] de la Pava, Cura Beneficiado por Su Majestad, Vicario Foráneo, Juez Eclesiástico de esta villa de Córdoba, otorga su testamento en la manera siguiente: Declara que desde hace trece o catorce años es Hermano de la Religión de Santo Domingo, ordena que al fallecer envíen noticia a dicha religión para que se le socorra por su alma. Señala que por fin y muerte de Lope Hernández López y de doña Ana de Ortega de la Pava, sus padres legítimos, difuntos, vecinos que fueron de la ciudad de los Ángeles de esta Nueva España, naturales de la villa de Guadalcanal en la Extremadura Reinos de Castilla, quedaron algunos bienes raíces, y por consenso entre él y sus hermanas, ellas no tenían hijos, y hallándose en congrua bastante para su sustentación, decidieron donar dichos bienes a Cristóbal Yáñez de Ortega, su sobrino. Declara por bienes un censo redimible que a su favor impuso Antonio Rodríguez, por cantidad de 1 000 pesos; unas casas de su morada; las piezas de esclavos siguiente: Juan Ramírez, mulato blanco, de treinta y cinco años; Catalina de San Antonio, mulata de dicha edad; Felipe, mulato de edad de diecisiete años; Miguel de catorce; Manuel de dos; los tres últimos hijos de la dicha Catalina de San Antonio; Josefa, mulata herrada, de edad de 22 años. También declara por bienes los 3 300 pesos de oro común que le debe el Capitán José Blanco, vecino de esta villa, a quien le prestó cuando compró el trapiche del General don Diego Ortiz de Largacha; otros 1 000 pesos que le adeuda Francisco de Solís, Alguacil de esta villa, que le prestó para el despacho de la presente flota. Es su voluntad que después de su fallecimiento y el de sus hermanas María de Ortega [y] Bonilla y Catalina de Ortega, los dichos Juan Ramírez y Catalina de San Antonio, sus esclavos, queden libres perpetuamente de toda esclavitud. Nombra albaceas a sus hermanas María de Ortega [y] Bonilla y Catalina de Ortega [y Funes] para que entren en sus bienes y los vendan; y del remanente que quedara nombra por sus herederas a las susodichas para que disfruten los bienes en partes iguales.