Luis González, vecino del pueblo de Altotonga, jurisdicción de Jalacingo, dijo que se querelló criminalmente con Sebastián Marín y Antonia de Zavaleta, su mujer, sobre y en razón de que estando él casado legítimamente con la mencionada, ellos habían cometido delito de adulterio, en cuya virtud la Real Justicia expidió mandamiento de prisión contra ellos y embargo de bienes contra el agresor, pero por hacer servicio a Dios de su grado y buena voluntad estando cierto y bien informado de lo que en este caso le conviene hacer, los perdona de todo cargo y culpa que han tenido, por lo cual queda sin efecto el pleito para que cada uno sea libre de cualquier cárcel y así también se les desembarguen sus bienes.

Don Diego Leño, vecino de esta villa, otorga poder especial al señor licenciado don Sebastián Camacho, actual diputado del Honorable Congreso Constituyente de este Estado, para que en su nombre lo represente en este juzgado de letras, por lo cual a instancia de sus acreedores le han secuestrado y puesto en depósito su hacienda nombrada Lucas Martín, haciendo todo lo que sea necesario para su devolución. Dicho poder lo confiere sin limitación alguna y con facultad de sustituirlo.

El ciudadano Paulino Benítez, vecino de la Rinconada en el distrito del Puente Nacional, dijo ser deudor de don Rafael Herrera, vecino de Veracruz, de la cantidad de 248 pesos y 7 reales por efectos que le ministró con carta de fianza de don Bernabé de Elías Vallejo. Que el citado Herrera escribió a don Bernardo Sayago de este comercio para que requiriese al comparente y que después de verificada dicha comparecencia se le pretendió embargo de sus mulas. Que para evitar el extravío y perjuicio que originaría el embargo se presentó el ciudadano Juan Agustín Sánchez, vecino de Teocelo, para garantizar el pago bajo la condición de que formalice escritura de obligación de pago de la suma a fines de agosto próximo, con la fianza de tres solares unidos y unas paredes construidos en ellos, ubicados en el pueblo de Coatepec. Por lo que reduciendo a efecto dicha obligación el nominado Paulino Benítez otorga que se obliga a satisfacer al nominado ciudadano [Juan] Agustín Sánchez la citada cantidad de 248 y 7 reales, cuyo entero ha de verificar el día último de agosto de este presente año en reales de contado, para que en el evento de no cumplir con el expresado pago en la fecha fijada pueda proceder Sánchez contra dichos solares.

Don Tadeo Díaz, de esta vecindad y comercio, dijo que por parte de don Felipe Díaz Peón y Gorrindo se le ha instruido de que habiendo solicitado éste como apoderado de la señora su madre, doña Ángela Gorrindo Palomino, que de los fondos existentes en depósito como producto de arrendamientos de las casas que le están embargadas a la testamentaria de su padre del nominado señor Díaz Peón, se le ministre 150 pesos para acudir a las urgencias de dicha señora Gorrindo, en la grave enfermedad que padece y para su entierro, en razón de estar casi agonizando, a lo cual decretó el señor juez de letras del ramo civil se le ministre esa suma, afianzándose competentemente su devolución para el caso de oposición justa por la parte contraria, la que está pronto a prestar el relacionante a virtud de la súplica que le ha hecho don Felipe. Y reduciéndolo a efecto, don Tadeo Díaz otorga que se obliga a que siempre y cuando el juzgado que conoce o que en lo de adelante conozca del negocio relativo al embargo de los bienes referidos, decrete la abolición de dichos 150 pesos, la verificará el otorgante enterando esa cantidad lisa y llanamente, tan luego como se le ordene, sin valerse de plazos, término o excepción alguna, pues se constituye como principal pagador.

El licenciado don José María Aparicio, como apoderado de doña María Tomasa Cervantes, viuda y albacea del finado Luis Chacón, dijo que quedó por bienes de dicho difunto una casita de edificio bajo, ubicada en esta ciudad, en la calle que llaman de Almolonga, con su frente de 12 y media varas al sur y 36 y media de fondo al norte; lindando por este rumbo con solar del ciudadano Manuel Díaz; por oriente con un callejón que va a salir al camino Nacional; y por poniente con patio de Ana Rita Galván, cuya pared divisoria pertenece por mitad entre ésta y las testamentaria de Chacón. Asimismo, dijo que estándole debiendo a José Dionisio Martínez 69 pesos, a José Feliciano Amaro 40 pesos y a Francisco Hernández 12 pesos, cuyas cantidades han sido ministradas para alimento de la familia y no teniendo recursos la viuda para satisfacer, se presentaron los acreedores ante el señor alcalde primero de esta ciudad y se celebró el respectivo juicio, en el cual se manifestó no existir más bienes que la casa referida; por lo cual, dicho señor alcalde propuso que si alguno de los acreedores quería en adjudicación la casa, podría tomarse exhibiendo el exceso. Y admitida esta propuesta por el ciudadano Hernández, ofreció 600 pesos, dando la mitad de contado y la otra dentro de dos años, habiendo quedado convenidos así. Y reduciéndolo a efecto, don José María Aparicio, en nombre de doña María Tomasa Cervantes, otorga que vende a Francisco Hernández la casa deslindada, en precio de 600 pesos, de los cuales exhibió 300 pesos de contado y los otros 300 pesos restantes se obliga a pagar dentro de dos años con hipoteca de la misma casa.

Doña María Manuela de Acosta, viuda de Manuel José de Acosta, vecina de este pueblo de Jalapa, dijo que su hijo José Felipe de Acosta compró unas mulas en 600 pesos al fiado, quedando la otorgante por su fiadora, las cuales están embargadas, por lo cual otorga poder especial a don Sebastián de Eguía, vecino de México, para que parezca ante el juez encargado del embargo de dichas mulas y represente las causas que acaecen para ser preferida y pagada la deuda y que la otorgante no gaste cosa alguna.

Don Antonio Cagigas, de esta vecindad, dijo que por cuanto se halla instituido que en la causa que en esta Villa se le formó a Juan María Ferra y a su compañero Manuel Sánchez, fabricantes de aguardiente de caña en esta jurisdicción, por el Visitador don José Tamariz y Rivera, en el año de 1798, quien mandó embargar los bienes del segundo y debido a los perjuicios que representaba el enunciado Sánchez, estar sufriendo por el embargo que se le hizo de todos sus bienes, se ordenó se le levantara si daba fianza, por lo que el otorgante se constituye como fiador del expresado Manuel Sánchez en tal manera que pagará las resultas de dicha causa.

Don Jerónimo de Alcalde, vecino de Perote, otorga que ha recibido de don Francisco Javier Olartegochea 200 pesos en dinero de contado, lo que es el arreglo de utilidades de don Antonio Ildefonso Rincón, en el manejo de la tienda de don Luis Ortiz de Zárate, tienda que fue embargada por una fianza a favor del compareciente, la cual no cumplió dicho don Antonio, y al embargo de esta salió oponiéndose don Luis Ortiz de Zárate alegando ser suya la tienda, formando así contienda de juicio, en el cual salió favorecido dicho Zárate. Por lo que da por cancelada la fianza que el 8 de octubre de 1788 otorgó el mencionado don Francisco.

Real provisión emitida por el Rey, respecto al proceso criminal que se le sigue en la Audiencia de la ciudad de México a Jorge Martín, preso en la cárcel real de la corte, acusado de haber dado muerte a Alonso Camacho, boyero de Juan Gutiérrez Rojo, en el pueblo de Orizaba, propinándole muchas puñaladas, por lo cual se mandó que lo aprendiera Juan de Valencia, Receptor de la Real Audiencia. Camacho se resistió y tiró un arcabuzazo hiriendo a dicho Valencia, quien estuvo a punto de morir. Preso Jorge Martín se procedió a secuestrarle y embargarle todos sus bienes, siendo depositados en Martín de Prado, vecino del pueblo de Maltrata, y en Francisco Hernández, vecino de la estancia de labor llamada Tecolotiquipac, junto al pueblo de San Andrés. Y por cuanto Antonia Hernández, mujer legítima del dicho Jorge Martín, presentó petición para que le devolviesen 1 300 pesos, de los cuales 1 000 pesos corresponden a la dote que llevó al matrimonio y los 300 de arras. Por la presente se ordena informar a los depositarios de los bienes de Jorge Martín, exhiban los bienes para su venta y remate en pública almoneda o fuera de ella y de ello se paguen los 1 300 pesos que reclama Antonia Hernández.