Ante Payo Patiño Dávila, Corregidor de esta provincia, pareció Francisco de Velasco en nombre y por poder de don Rodrigo de Vivero, para pedir se respete la presente Real Provisión, misma que dicho Corregidor tomó entre sus manos, y besó, diciendo que se acatará lo ordenado en la dicha Real Provisión, y mandó se notifique al administrador Felipe de la Cueva [y de Herrera]. La Real Provisión está dirigida a los corregidores de la provincia de Tequila y demás justicias, con respecto al pleito que se ha tratado en la audiencia y cancillería de la ciudad de México, por una parte entre Baltazar de Cabrejas y otros acreedores de don Rodrigo de Vivero. Asimismo, el dicho don Rodrigo de Vivero, de la otra parte, sobre cantidades de pesos de oro por que le tienen ejecutado el ingenio de Orizaba y tributos del pueblo de Tecamachalco de su encomienda, en que fue tercer opositor Martín de Bermeo, pretendiendo ser preferido y se le pagase primeramente las cantidades de maravedí y pesos de oro que a él le debía, ordenándose que dicho ingenio de Orizaba, sus anexos, pertrechos y tributos del pueblo de Tecamachalco, se pusiesen en depósito en persona que los administrase y que los frutos procedido de todo ello se pusiesen en depósito general de la audiencia.

Real provisión compulsoria emitida por el Rey para trasladar a la Real Audiencia el proceso que contra Francisco Martín Espejel, dueño de sus carros, le sigue Juan Coronado, Juez del Camino nuevo de la ciudad y puerto de la Veracruz, quien dio orden de aprenderlo por haber comprado unos carros y bueyes a Agustín de Sosa y a Francisco González, carreteros, sin saber que estos sujetos habían tenido cuestión con un fulano moreno, mayordomo de la cuadrilla de carreras de Diego Díaz, y que en la cuestión había salido muerto un indio, por lo cual Francisco Martín Espejel, apela la orden del Corregidor, argumentando que éste no tiene jurisdicción, ni él ha cometido delito, y que por estar en prisión ha perdido como 6 000 pesos por unos bueyes que se le han extraviado y no pudo ir en su búsqueda.

Real provisión emitida por el Rey, respecto al proceso criminal que se le sigue en la Audiencia de la ciudad de México a Jorge Martín, preso en la cárcel real de la corte, acusado de haber dado muerte a Alonso Camacho, boyero de Juan Gutiérrez Rojo, en el pueblo de Orizaba, propinándole muchas puñaladas, por lo cual se mandó que lo aprendiera Juan de Valencia, Receptor de la Real Audiencia. Camacho se resistió y tiró un arcabuzazo hiriendo a dicho Valencia, quien estuvo a punto de morir. Preso Jorge Martín se procedió a secuestrarle y embargarle todos sus bienes, siendo depositados en Martín de Prado, vecino del pueblo de Maltrata, y en Francisco Hernández, vecino de la estancia de labor llamada Tecolotiquipac, junto al pueblo de San Andrés. Y por cuanto Antonia Hernández, mujer legítima del dicho Jorge Martín, presentó petición para que le devolviesen 1 300 pesos, de los cuales 1 000 pesos corresponden a la dote que llevó al matrimonio y los 300 de arras. Por la presente se ordena informar a los depositarios de los bienes de Jorge Martín, exhiban los bienes para su venta y remate en pública almoneda o fuera de ella y de ello se paguen los 1 300 pesos que reclama Antonia Hernández.

Carta de justicia de ejecución que Diego de Castañeda, vecino de la ciudad de México, y Francisca de Torres, su mujer, presentan contra Diego González de Vergara, vecino de Orizaba, por la venta de una casa y solar anexo, ubicada en este pueblo, la cual linda con la calle del río y por otro lado con solar de Diego, indio zapatero; cuya casa vendieron en confianza a dicho Diego González de Veragara por precio y cuantía de 135 pesos de oro común, cuya cantidad no han recibido.

Doña Ana Fernández de la Calleja, vecina de Jalapa, albacea y tenedora de los bienes de Fernando de Arriaga, su difunto marido, tutora de sus menores hijos; revocó un poder que le dio al Alférez Salvador de Caseda, vecino de la ciudad de México, para seguir un pleito en la Real Audiencia contra los bienes de Pedro de Alarcón, difunto; y por la presente, dio poder para concluir dicho pleito a Felipe González, Procurador de los negocios del Consulado de la ciudad de México, y para que cobre los pesos de oro, plata, reales, joyas, esclavos, ganados y otros bienes que le deban.

El Lic. Pedro de Irala, beneficiado del partido de Jalapa, capellán perpetuo de la capellañía de misas que instituyeron Melchor Pérez y María Pérez de Cárdenas, declaró que para la cobranza de los réditos dio poder a Diego del Villar, vecino de esta jurisdicción; y por medio del presente, lo revocó y otorgó su poder cumplido a su hermano el Padre Marcos de Irala de la compañía de Jesús, Prefecto de los estudios del Colegio de la ciudad de México, para que reciba y cobre de F[H]ernando de Porras Aparicio, inquilino censuatario de la dote de dicha capellanía, los réditos corridos, siga y concluya el pleito que sobre ella está comenzando en el juzgado y audiencia arzobispal de la ciudad de Mexico.

El Capitán Antonio Vázquez Ruiz, vecino del pueblo de Jalapa, otorga poder especial a don Baltazar de Vidaurre, Procurador del Número de la Real Audiencia de la Ciudad de México, para que lo pueda obligar, conforme a lo determinado por el Juez de Intestados a favor de la testamentaria de don Santiago de Buenabad, en cantidad de pesos que con aquel juzgado se le haya de entregar, hipotecando la hacienda Nuestra Señora de los Remedios, alias Lucas Martín; esto como resultado del pleito que ha seguido contra la testamentaria de Alejandro Álvarez de Guitián, en defensa de los derechos y acciones de su viuda María Antonia Álvarez de Guitián, ahora mujer del otorgante y por la parte que le asista de don Santiago de Buenabad.

José Antonio Martínez, Manuel Hernández Salado, Juan Sebastián de Quiroz, y Manuel Ortiz, vecinos de las Rancherías de Zoncuantla y Josefa Antonia Hernández Salado, mujer legítima y con licencia expresa de Nicolás Leonardo Ramos, vecinos del pueblo de Jalapa, herederos de Juan de Quiroz y Cairos, por una parte y de la otra don Nicolás Ibáñez de Echávarri, quienes tienen pleito por los bienes repartidos del difunto Quiroz, han convenido con dicho Nicolás en cubrir sus gastos que genere en la Real Audiencia de México, donde comparece para concluir este pleito de bienes.