El Bachiller José de Acosta, Presbítero, con poder especial otorgado a su favor por Juana de Acosta y los hijos de Francisco Domínguez Muñiz, dueños del trapiche de los Otates, quienes sostienen pleito por tierras con los Palmeros, hijos legítimos de la citada Juana de Acosta, han convenido entregar a la misma, dos partes de tierra para que el ganado de ambas familias paste en la parte que queda de los Otates, y que cuando dicha Juana fallezca, las partes de tierra que se mencionan sean devueltas con sus mismos linderos a los Domínguez, los cuales pagarán 100 pesos de oro común que es el precio de dicho pedazo, con la condición de no tener vecinos, más que a los mencionados Palmeros.

El Bachiller José Nicolás de Acosta, Clérigo Presbítero Domiciliario del Obispado de Puebla, heredero de Manuel de Acosta, junto con don Lorenzo Benito Álvarez de Guzmán, en representación de su legítima esposa Gertrudis Jacinta García de Baldemora, como hijos y herederos de don Manuel de Acosta, dijeron que dentro de los bienes del difunto Ventura de Acosta, quedaron tierras que están en pleitos, y para excusar dichos pleitos, otorgan por vía de paz, que se han convenido en lo siguiente: Nicolás señala que de los alcances que resultaron a favor de los herederos del difunto Manuel de Acosta, fue la cantidad de 468 pesos y algunas propiedades que entregó a los apoderados de dicho herederos, los cuales no subsanan el total de los bienes que tenia bajo su administración, mencionando que por no quedarle bienes propios con que pagar dicho total, se obliga a cubrirlo, para lo cual trasfiere los trapiches de la Concepción y San Diego, los cuales cede junto con los demás bienes que ya tiene entregados, para que entre ellos se lo dividan. Dichos otorgantes señalan que se desisten de dicho pleito, con la condición de que si alguno de ellos no cumpliera con lo antes dicho, se harán acreedores a una multa.

Don Juan Gómez de Estrada, de esta vecindad, como albacea de doña Juana Núñez y don Nicolás de Ortega junto con su mujer doña Juana Villegas, ambas partes señalan que han llevado pleito por un pedazo de solar en que la difunta Juana labró su casita, pero en vista de los gastos erogados, trámites ocasionados por este litis, han convenido Nicolás y Juana en que reciben de Juan Gómez la cantidad de 50 pesos como pago, desistiéndose de dicho pleitos, y para cumplir el acuerdo se han impuesto una pena convencional de 200 pesos.

Gregorio Maldonado y demás vecinos del pueblo de Coatepec y de Xicochimalco, dijeron que habiendo arrendado don Fernando Álvarez, vecino de Xicochimalco, los potreros de San Marcos y San Mauricio al Señor Dr. don Francisco Gómez de Cervantes, Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de México y Provisor de su Obispado, y a don José Leonel Gómez de Cervantes y la Higuera, pertenecientes al Mayorazgo que poseía doña Josefa Petronila de la Higuera Matamoros; dicho don Fernando Álvarez les causa graves vejaciones a todos los naturales indios y demás vecinos de dichos pueblos, por lo que otorgan poder especial a don Juan Antonio de Lagos y Arbide, vecino de Jalapa, para que en sus nombres solicite extrajudicialmente se cancele la escritura de arrendamiento dicho don Fernando Álvarez, y si no pudiese conseguirlo así, se presente ante la Real Audiencia y alegue a favor de ellos.

Doña María Nicasia Meléndez, viuda de Ignacio de Zárate, su albacea y heredera, otorga que se obliga a pagar a don Alonso Marías, vecino de Veracruz, el dinero que hasta la presente le ha suplido por motivo del pleito contra don Manuel García Cosio, albacea de dicho su primer marido.

Don Juan de Quiñones, Alguacil Mayor de esta jurisdicción y la de Jalacingo, dijo que don Joaquín Antonio Guerrero y Tagle, Procurador del Número de la Real Audiencia de México, ha hecho algunas diligencias judiciales y extrajudiciales en su nombre las que aprueba y da por bien hechas. Por la presente otorga poder general a don José María de Estrada, Procurador de la Real Audiencia, para que en su nombre lo represente y defienda en todos sus pleitos y causas civiles y criminales.

Antonia de Andrade, vecina de la jurisdicción de Jalapa, mujer legítima de don Cristóbal de Alber, preso en la cárcel pública de este pueblo y ella depositada en una casa de este pueblo por el Cura de la Antigua Veracruz, por denuncia de que se casaron con impedimento sobre que se están siguiendo autos que pidió el señor Provisor, y para aparecer en aquel juzgado, otorga poder general a don Juan Fernández Gallardo, vecino de Puebla, para que lo represente en todos sus pleitos, causas y negocios civiles y criminales.

Miguel José de la Paz y Arellano, descubridor de la mina nombrada San Miguel de las Cuevas, ubicada en el paraje Zomelahuacan, del pueblo de Atzalan, jurisdicción de Jalacingo, junto con sus parcioneros Manuel José de Esquivel y José de Vargas Machuca, otorgan poder general a don José Antonio de Santander, Procurador de Número de la Real Audiencia, para que se encargue de los pleitos que tenga, en especial el que tienen con don Francisco Sánchez, vecino de la Ciudad de México, por la propiedad de dicha mina.

El Bachiller Sebastián Pablo Gómez, Clérigo, Presbítero Domiciliario de la ciudad de los Ángeles y vecino de la Nueva Veracruz, informa que doña Joaquina Josefa de Soto y Carrillo y José Joaquín Cortés, le otorgaron poder general, mismo que sustituye solo para pleitos, a favor don Juan José Domínguez, vecino de España y residente en el pueblo de Jalapa.

Don José Durán y don Luis Flores, el primero Gobernador de naturales del pueblo de Tlacolulan, y el segundo Alcalde del de San Salvador Acajete, su anexo, ambos de esta jurisdicción, y demás repúblicas de naturales de dichos pueblos, otorgan poder general al Licenciado don Domingo Zoraya [y Rubín de Celis], Abogado de la Real Audiencia de esta Nueva España, para que los defienda en el pleito que sobre tierras tienen pendientes en la actualidad con los Alarcones, vecinos de esta jurisdicción, y en los que adelante tuvieran, tanto civiles y criminales, como eclesiásticos y seculares.