Ante Don Antonio Rosel y Lugo, Alcalde Mayor de Jalapa, los naturales de los pueblos de San Juan y San José Miahuatlán, mediante Juan Díaz de la Cueva, intérprete, dijeron que desde hace mucho tiempo han traído litigios y pleitos donde gastaron mucha cantidad de pesos, y ahora por vía de paz, transacción y concierto, se obligan a que los unos ni los otros no tendrán de hoy en adelante razón de lo que les ha movido, ningún pleito ni controversias porque han visto que de la enemistad sólo les sigue de servicio de Dios, pues son hermanos, parientes y deudos los unos de los otros.

Doña Aldonza de Vargas, vecina de Jalapa, en nombre de su hija María de Vargas, presentó por testigo para su información a Nicolás de la Torre Arnalte, español, vecino de este pueblo, el cual dijo conoce a las susodichas y el pleito que traen contra Doña Luisa Ponce de León, madre de Don Carlos de Sámano y Quiñones, sobre una manda de 3000 de oro común; sabe también de los gastos en los pleitos y lo útil que sería para la menor convenir un concierto, en virtud de su pobreza.

El Lic. Pedro de Irala, beneficiado del partido de Jalapa, capellán perpetuo de la capellañía de misas que instituyeron Melchor Pérez y María Pérez de Cárdenas, declaró que para la cobranza de los réditos dio poder a Diego del Villar, vecino de esta jurisdicción; y por medio del presente, lo revocó y otorgó su poder cumplido a su hermano el Padre Marcos de Irala de la compañía de Jesús, Prefecto de los estudios del Colegio de la ciudad de México, para que reciba y cobre de F[H]ernando de Porras Aparicio, inquilino censuatario de la dote de dicha capellanía, los réditos corridos, siga y concluya el pleito que sobre ella está comenzando en el juzgado y audiencia arzobispal de la ciudad de Mexico.

El Capitán Antonio Vázquez Ruiz, vecino del pueblo de Jalapa, otorga poder especial a don Baltazar de Vidaurre, Procurador del Número de la Real Audiencia de la Ciudad de México, para que lo pueda obligar, conforme a lo determinado por el Juez de Intestados a favor de la testamentaria de don Santiago de Buenabad, en cantidad de pesos que con aquel juzgado se le haya de entregar, hipotecando la hacienda Nuestra Señora de los Remedios, alias Lucas Martín; esto como resultado del pleito que ha seguido contra la testamentaria de Alejandro Álvarez de Guitián, en defensa de los derechos y acciones de su viuda María Antonia Álvarez de Guitián, ahora mujer del otorgante y por la parte que le asista de don Santiago de Buenabad.

Don Esteban Viale, vecino de Cádiz y residente del pueblo de Jalapa, otorga poder especial a don José Presa, vecino del mismo pueblo, para que litigue el pleito pendiente que tiene con don Antonio Rosi, vecino de Cádiz, sobre la paga de exceso de pesos.

José Antonio Martínez, Manuel Hernández Salado, Juan Sebastián de Quiroz, y Manuel Ortiz, vecinos de las Rancherías de Zoncuantla y Josefa Antonia Hernández Salado, mujer legítima y con licencia expresa de Nicolás Leonardo Ramos, vecinos del pueblo de Jalapa, herederos de Juan de Quiroz y Cairos, por una parte y de la otra don Nicolás Ibáñez de Echávarri, quienes tienen pleito por los bienes repartidos del difunto Quiroz, han convenido con dicho Nicolás en cubrir sus gastos que genere en la Real Audiencia de México, donde comparece para concluir este pleito de bienes.

El Presbítero don José Vicente de Espino y don José María Grajales, vecinos de la hacienda de la Orduña y dicha ciudad, dijeron que el primero como curador ad bona del menor don Francisco Ciriaco de Espino, dio poder especial a don Juan Nepomuceno de Urquía, para que cobrara judicial o extrajudicialmente de don José María Grajales la tienda que éste tiene a su cargo en la expresada hacienda, y que en parte corresponde al citado menor por haberle adjudicado en pago parcial de la legítima que le tocó, al dividirse los bienes de su difunto padre don Guillermo de Espino. Y habiendo demandado ante el juez de letras de este cantón a Grajales, enterado de todo don Francisco de Espino, suplicó a su curador no llevase adelante el pleito en virtud de ser dudoso su buen éxito, de versarse entre miembros de una misma familia y de no hallarse dispuesto a encargarse de dicha tienda, caso que Grajales fuera condenado a entregarla. Por lo cual, otorgan que transigen las pretensiones instauradas, ajustándose, conviniéndose y conformándose en los artículos que se mencionan en esta escritura, entre los cuales destacan: Primero, el día quince del presente mes entregará Grajales al Presbítero don José Vicente de Espino los géneros que éste designe y sean suficientes para cubrir los 2 051 pesos un real 7 y medio granos que corresponden al menor don Francisco. Segundo, los géneros expresados serán de los que haya en la tienda de don Francisco Lerdo de Tejada, y si esto no pudiese completar el surtido que pida el curador, se sacará el resto de la tienda de don Antonio José Peredo. Entre otros artículos que se mencionan.

Don Francisco Rojas, vecino de Jalacingo y residente en esta ciudad, dijo que como apoderado del común de indígenas del pueblo de Tlapacoyan, ha representado a sus comitentes y al pueblo de Jalacingo en el tribunal superior de segunda instancia en el pleito que siguen contra los vecinos llamados de razón del mismo pueblo de Tlapacoyan, quienes apelaron de una providencia del juez inferior. Y teniendo que ausentarse por tiempo limitado, no estando a la vista el poder que acredita su personería para sustituirlo durante su ausencia, ha meditado conferir sus facultades bajo su responsabilidad a persona de su confianza, por lo cual, otorga que el poder que tiene de los indígenas de Tlapacoyan y el del ayuntamiento de Jalacingo, lo sustituye durante su ausencia en don Joaquín Guevara, de esta vecindad, para que en nombre de aquellos comparezca en dicho superior tribunal y en el de tercera instancia respondiendo en auto, informando en estrados y practicando las demás diligencias que importen hasta obtener una providencia favorable.

El Señor Intendente Honorario de Provincia don Antonio Abad Iberri, como tutor y apoderado general de su nieto el Capitán de Caballería don José María Castillo Iberri, Edecán del Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, dijo que habiendo fallecido en la ciudad de Cádiz don Juan José Murillo, a quien el señor exponente tenía conferido poder para que dirigiese y gobernase el mayorazgo que en dicha ciudad posee legítimamente el expresado capitán; otorga que nombra ahora en su lugar a don Pedro Valie, dependiente de la casa mortuoria del mismo Murillo, para que en su nombre dirige cuide y desempeñe dicho mayorazgo en los términos y modo como lo hacía Murillo. Asimismo, le otorga poder especial para que pueda transigir breve y amistosamente el pleito muy antiguo que los señores Lapadux [sic] de aquel comercio y vecindad, tienen establecido contra las rentas del mayorazgo.

Don José María de Santa María, labrador en esta jurisdicción, otorga poder especial a don José María Campoverde, también vecino de esta jurisdicción, para que en su nombre y representación, exija y recoja judicial o extrajudicialmente de don Antonio María de Casas, un cuaderno de actuaciones judiciales que en su poder dejó doña Victoria de Echeverría, cuando le arrendó un pedazo de terreno que pertenecía a su difunto marido, ubicado en el llano de Mastatlan [Maxtatlán]. Y como injustamente se niega Casas a la entrega de dicho cuaderno, haga todas las presentaciones, actos, agencias y diligencias que sean necesarias hasta obtener el cuaderno.