El Licenciado don Jacinto Guillén, Cura, Vicario y Juez eclesiástico de esta doctrina de Jalapa, declara que el rancho de labor, nombrado San Antonio Ixtacapan, se remató a favor de don José Muñiz, vecino de Teziutlán, pagándolo con su dinero.

Doña Rita Bravo Lagunas, viuda de don Bernardo Martínez de Vélez, y el Bachiller Manuel Martínez de Vélez, vecinos del pueblo de Jalapa, con poder para testar que les otorgó el difunto Bernardo, proceden a realizar dicho testamento, en el cual además del citado poder, los nombra albaceas; declaran que dicho difunto, fue casado en primeras nupcias con Josefa Romano, quien llevó 950 pesos y él difunto tenía 4, 000 pesos, y en segundas nupcias con la citada Rita; por muerte de su hermano el Licenciado Salvador Bravo Lagunas, recibió en donación 150 pesos en reales, varias alhajas y otros bienes, como herederos nombra al citado Bachiller, junto con don Antonio Martín, doña Mariana, doña Josefa, don José, don Salvador, don Joaquín, doña Rita, don Francisco y don Bernardo, sus demás hijos legítimos del segundo matrimonio, ya que la procreada en el primero falleció.

El Lic. José Domínguez, clérigo, presbítero, vicario y ayudante de cura del beneficiado partido de Jalacingo, hizo gracia y donación a Josefa Márquez, hija legítima de Don Melchor Márquez y Doña María Moctezuma, vecinos de este pueblo, de un rancho de labor nombrado Tlalisco, ubicado en términos de Altotonga, con 6 yuntas de bueyes aperadas de todo lo necesario, 40 cabezas de ganado de cerda, dos trojes, una casa de vivienda y dos jacales de zacate.

Antonia, Francisca, María y Sebastiana Domínguez, vecinas de Naolinco, dieron su poder cumplido a Don Miguel Rogel, marido de Francisca Domínguez, para que en sus nombres pida a Bernabé Márquez, vecino de Jalacingo, la copia y traslado que para en su poder de la escritura de donación que a su favor otorgó el Lic. Don José Domínguez Muñiz, difunto, cura que fue del partido de Misantla, de unas tierras y rancho nombrado Tlalisco; y una vez en sus manos, dicho apoderado lo pueda vender por el más alto precio que hallare.

Don Matías González y don Miguel Nieto, vecinos del pueblo de [Santa María] Tlapacoyan, partido de Jalacingo, del departamento de Veracruz, residentes en este suelo, dijeron que los vecinos de razón del expresado pueblo, reunidos en junta, los nombraron en comisión para que en unión de otros cuatro vecinos arbitrasen auxilios pecuniarios para sostener el litis que sobre propiedad de terrenos tienen pendientes con los pueblos de Teziutlán y Xiutetelco. Y en una segunda reunión, fueron nombrados los comparecientes para pasar a esta ciudad con el fin de nombrar nuevo apoderado que represente aquel vecindario o común llamado de razón. Y usando de las facultades, revocan el poder que a nombre de dicho común de razón se había conferido a don Lázaro Rojas, vecino del pueblo de Jalacingo, cuya fecha ignoran y sólo por convenir a los derechos del común que representan. Por el presente, otorgan poder general al licenciado don Luis Gonzaga Gago, vecino de esta ciudad, para que en nombre y representación del común del pueblo de Santa María Tlapacoyan, lo defienda en todos sus pleitos, causas y negocios civiles y criminales que al presente tenga o en adelante tuviere.

Francisco de Solís, vecino de esta villa de Córdoba, Alguacil Mayor en ella y en el partido de San Antonio Huatusco, hijo legítimo de Juan Pérez y de Inés Díaz, sus padres difuntos, vecinos que fueron del pueblo de Martín [Martín] Longo de la jurisdicción de Alcoutin en el Argalbe [Algarve] Reino de Portugal, otorga su testamento en la forma siguiente: Declara que fue casado con Andrea de Morales, viuda que era de Antonio de Chávez, vecinos que fueron de la Veracruz, no tuvieron hijos; después del fallecimiento de la susodicha, contrajo matrimonio con doña Gertrudis de Gatica, tampoco tuvieron hijos. Señala que tiene el oficio de Alguacil Mayor, el cual ha ido renunciando en Gregorio Martínez de Solís, vecino de Córdoba, su sobrino. Declara que tiene adeudos con el Licenciado José de Escamilla, Clérigo Presbítero, vecino de la Veracruz; doña María de Ortega [y Bonilla] y doña Catalina de Ortega [y Funes], vecinas de esta villa, herederas del Bachiller Juan [Yáñez] Ortega [de la Pava]; el Licenciado José de Casillas, Clérigo Presbítero; y el Capitán Ignacio de la Torre. Asimismo, señala que las personas siguientes le deben los pesos que se mencionan en la escritura: El Capitán Ignacio de la Torre, vecino de la Nueva ciudad de la Veracruz; el Capitán Juan de Villalobos; Pedro de Alguero, vecino de la Veracruz; un tendero llamado Juan de Aguayo; un carpintero llamado Francisco; Pascual de Landa Verde [Landaverde], carpintero, vecino de Veracruz; Martín Roldán de la Calle, vecino del pueblo de Xalasingo [Jalacingo]; el Capitán Francisco de las Casas, vecino de la ciudad de México; Pedro García de Novoa, vecino de la ciudad de los Ángeles; la villa de Córdoba y sus propios; su compadre Gerónimo [Jerónimo] de Leiva; el Alférez Mayor de esta villa don Miguel Valero [de Grajeda]. Declara por sus bienes unas casas de vivienda altas de piedra, situadas en la calle de la Merced en la Nueva ciudad de la Veracruz; el oficio de Alguacil Mayor; las casas de su morada que tiene en la villa de Córdoba, así como otras dos casas situadas en la misma villa; 13 piezas de esclavos. También menciona que se comunicó con el reverendísimo provincial de los descalzos de “Nuestro Padre San Francisco” de la provincia de San Diego de esta Nueva España para que en esta villa se fundara un convento de dicha religión, por lo que dicho padre provincial y padres definidores vinieron en ello, y para que tuviese efecto de su buena voluntad por escritura que otorgó en la ciudad de México se obligó a dar la casa de su vivienda para que en ella se funde dicho convento y 2 000 pesos de oro común con cargo y calidad que si pasados seis años desde la fecha de dicha escritura no tuviere efecto la fundación, quedaba la escritura sin ningún valor, en cuya atención ordena que se guarde y se cumpla. Por último nombra como universal heredera a doña Gertrudis de Gatica, su mujer.

El Licenciado don Cristóbal Rodríguez de Roa, Cura electo de Jalacingo, residente en esta Villa, otorga poder especial a don Vicente de la Barreda, Pertiguero de la Catedral de la Puebla de los Ángeles, para que en su nombre pueda elegir y nombre al eclesiástico que tuviere por conveniente, para que en su nombre tome colación del beneficio curatal del citado pueblo de Jalacingo, que le han conferido en la última provisión.

El Licenciado José Domínguez, clérigo, presbítero, vicario y ayudante del cura beneficiado del partido de Jalacingo, dio arrendamiento a Don Juan Ruiz de la Mota, labrador y vecino de la jurisdicción de San Juan de los Llanos, en un rancho de labor nombrado Tlalisco, que tiene en términos del pueblo de Altotonga, el cual colinda con el camino real que va de Jalacingo para el de Altotonga, y con tierras pertenecientes al Hospital de Perote, con sus casas, trojes, ganados y aperos, por tiempo de seis años, a partir del 1 de enero de1669, al precio de 50 pesos de oro común anuales.

El Capitán don Gaspar Rendón, vecino de esta villa de Córdoba y Alcalde Ordinario de ella por Su Majestad, en nombre de don Diego Ignacio de Valverde y Barrios, vecino de la Nueva ciudad de la Veracruz, en virtud de poder general que le otorgó en dicha ciudad el 18 de febrero de 1711; y como marido y conjunta persona de doña María de Espinal y Ugarte, viuda que fue del Regidor don Juan Francisco Sáenz de Miera, difunto; otorga que vende al Capitán Gregorio Martínez de Solís, Alguacil Mayor y Regidor Perpetuo de esta villa Por Su Majestad, dueño de haciendas del beneficio de hacer azúcar en su jurisdicción, tres piezas de esclavos, uno negro nombrado Francisco y una negra nombrada Josefa, su mujer, natural de Portorrico [Puerto Rico], los mismos que se le adjudicaron a dicha María de Espinal y Ugarte como parte de la dote de su primer marido; y un mulato nombrado Francisco, de veintiocho años de edad poco más o menos, el mismo que don Diego Ignacio de Valverde y Barrios compró de los bienes de don Juan Francisco Sáenz de Miera, vecino de la Nueva Veracruz, apoderado del Licenciado don Sebastián de Morales y Figueroa, Presbítero, Cura Beneficiado por Su Majestad, Vicario y Juez Eclesiástico del pueblo y partido de Xalasingo [Jalacingo]. Los vende en precio de 930 pesos de oro común en reales.

Don José Mariano Rodríguez de San Miguel y el licenciado don Luis Gonzaga Gago, el primero como apoderado general del común de indígenas de Santa María Tlapacoyan del partido de Jalacingo y el segundo del común de razón del mismo pueblo; dijeron que ambos comunes, desde hace muchos años, han tenido continuas diferencias, ocasionadas por los ganados que el común de razón ha introducido en los terrenos de los indígenas, y de aquí han resultado las diferencias, ocasionando trabajos y disgustos al Supremo Gobierno Departamental por las reiteradas quejas que se han elevado por unos y otros haciendo valer sus derechos. Y deseosos que aquellos tengan un término feliz, bien aconsejados de personas de sano juicio, imparcialidad y honradez, han propuesto el mejor medio que pudiera encontrarse para conseguirlo, sin prejuicio en uno y otro común por lo que han formado convenio. Por tanto, los expresados don José Mariano Rodríguez de San Miguel y el licenciado don Luis Gonzaga Gago, otorgan que aprueban y ratifican todas y cada una de las doce cláusulas del convenio, con las dos que sirven de aclaración y se obligan a cumplir respectivamente cada una por lo que les corresponde. Entre dichas cláusulas destacan: Primera, que el instrumento otorgado ante el juez de primera instancia de Jalacingo, fecha 13 de octubre del año pasado, por la que representaban al común de razón de este pueblo a favor del de indígenas del mismo, y sin perjuicio del terreno de Olopiota y Cochota, se lleve adelante la medida de sus tierras y compromiso de la cerca, añadiendo que dicha cerca ha de ser mejor que la de hoy y general hasta Tomata, comenzando al momento de su reposición, para quedar los indígenas en el completo uso y aprovechamiento de sus propiedades. Segunda, que en caso de haber daño por bestias o ganado de cualquier especie en los sembrados de dichos indígenas, será pagado por los dueños respectivos de los animales.