El Licenciado Bernardo de Molina, Cura Benficiado y Juez Eclesiástico en el pueblo de Naolinco, otorga poder a José Rodríguez de Molina, vecino de la Ciudad de México para que en su representación pida, reciba y cobre de la Real Caja de la Ciudad de México y de los señores jueces oficiales reales, los salarios de 6 años que ha servido al empleo y curato según y en la forma en que se arreglaren, más un año que lo sirvió de ínterin como constará en la Real Provisión.

Don Diego Méndez de Granda y doña Dionisia María de Herrera y Sosa, marido y mujer vecinos del pueblo de Jalapa, dijeron que esta última le otorgó poder para pleitos a su marido quien a su vez lo sustituyó en don Félix Manzano, Procurador de la Audiencia Ordinaria de la Nueva Ciudad de la Veracruz, quien revoca dicho poder para conferírselo al Licenciado Francisco Zeferino de Orbe Arbieto y Tovares, Presbítero del Obispado de la Puebla, Abogado de la Real Audiencia de México, para que en su nombre pida demande y cobre cualquier cantidad de pesos de oro, plata, joyas y otros bienes.

Doña Dionisia María de Herrera y Sosa, mujer legítima de Diego Méndez de Granda, vecina del pueblo de Jalapa, otorga poder especial en primer lugar al Licenciado Antonio Pavón de NeIra, Abogado de la Real Audiencia de México, y en segundo a don Miguel Pinzón, ambos vecinos de la Ciudad de la Puebla, para que en su nombre parezcan ante el juzgado eclesiástico y saquen censuras generales hasta la de anatema para que se publiquen en la ciudad de la Veracruz y demás partes donde convenga, a fin de descubrir prendas y caudales que pertenezcan a sus menores hijos y de don Carlos de Zugadi, difunto encomendero y su primer marido.

Clara Lorenza de Vargas, vecina de la jurisdicción de Jalapa, viuda de Juan de Palafox Jiménez, otorga poder a don Felipe de Apellaniz y Torres y al Licenciado Alejandro de Arana, Abogado de la Real Audiencia de México, para que en su nombre la defiendan en el pleito que en grado de apelación está siguiendo José Jiménez, su suegro, y para ello presente escritos, testigos, probanzas, haga pedimentos, con libre y general administración.

El Capitán Don Antonio Díaz de Córdoba, como principal obligado, y el Bachiller Nicolás Díaz de Córdoba, como su fiador, vecino de la jurisdicción de San Juan de los Llanos, se obligaron a pagar a la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de la Puebla de los Ángeles, 599 pesos, 3 tomines y medio y 2 granos de oro común, por otros tantos que valieron y montaron las semillas del diezmo del año pasado de 1678, que compraron al Lic. Juan González de Castro, presbítero, colector de diezmos, para fin del mes de diciembre de 1679.

Capitán Don Francisco de la Higuera Matamoros, dueño del ingenio La Santísima Trinidad, y como patrón de dos capellanías que fundaron Don Antonio Pérez y su mujer, la una de 2500 pesos, impuestos sobre las casas de Nicolás de Valdivia, escribano público de la ciudad de Los Ángeles; y la otra, 500 pesos, impuestos en una casa que posee Antonio Correa en dicha ciudad, nombró como capellán propietario de ellas al Bachiller Nicolás Álvarez, clérigo de menores órdenes, domiciliario de la ciudad de Puebla de los Ángeles, para que después de la muerte de Lic. Andrés Suárez de Arce, actual capellán que se halla muy enfermo, la sirva por todos los días de su vida.

El Lic. Juan de Landa dio su poder cumplido a Don Luis de Seseña, Procurador de Causas de la Real Audiencia de México, para que en su nombre cobre cualesquier cantidades de pesos que le debieren; y generalmente, para en todos sus pleitos, causas civiles y criminales movidos y por mover que al presente tiene o adelante tuviere.

El Capitán Don Antonio de Orduña Loyando, dueño del ingenio San Pedro Buenavista, salió por fiador de Don Claudio Teodoro de Ceballos, dueño de ingenios de fabricar azúcar en esta jurisdicción, y que hoy está preso por causa y querella que contra él puso Juan García de Vertíz, Alguacil Mayor de Jalapa, y cumplirá un auto proveído por el Lic. Luis Serrano Vivero, abogado de la Real Audiencia de México, y so pena de 500 pesos de oro común que le esta impuesta, pagará lo que contra él fuere juzgado y sentenciado.

Los Licenciados Don Juan de Bañuelos Cabeza de Vaca y Don Andrés Méndez de Luna, curas beneficiados del partido eclesiástico de Jalapa, dijeron que para el litigio y en razón de las doctrinas quitadas de que tratan los religiosos de San Francisco de la provincia del Santo Evangelio de esta Nueva España y del obispado de la ciudad de Puebla de los Ángeles, sus defensas y los demás que como tales beneficiados les compete, dieron su poder cumplido al Lic. Don Cristóbal del Castillo, clérigo, residente en la Villa de Madrid; a Miguel de Palacios, agente de negocios en ella; a Don Lope de Figueroa, Secretario de Su Majestad; y a Don José de Neira y Quiroga, residente en este reino y de partida para dicha corte, para que en sus nombres parezcan ante Su Majestad, los Señores Presidente y Oidores de su Real Consejo de Indias, y los defiendan en dicho artículo, y en todos sus pleitos, causas, negocios civiles y criminales que al presente tienen o adelante tuvieren con los referidos religiosos

El Capitán Don Francisco de la Higuera Matamoros, propietario del ingenio La Santísima Trinidad, y como patrón de las capellanías de misas que fundaron Antonio Pérez y su mujer, una de 1500 pesos impuesta sobre las casas de Nicolás de Valdivia, escribano de la ciudad de Los Ángeles; y otra de 500 pesos, impuesta en casas que posee Antonio Correa en dicha ciudad; y por haber tenido noticia del fallecimiento del capellán Lic. Andrés Suárez de Arce, presbítero, nombró por capellán propietario de las citadas capellanías al Bachiller Nicolás Álvarez, clérigo de menores órdenes domiciliario de este obispado.