Inés de Rioja, viuda de Alonso de Carrión, dijo que por el dicho corregidor le ha sido discernida la tutela de Mariana y Agustina, sus hijas menores, por lo que quiere hacer inventario de los bienes que quedaron del dicho su marido.

Miguel Carrera, natural de Sanlúcar de Barrameda, hijo legítimo de Bartolomé Carrera y de Magdalena Martín, difuntos, otorga su testamento.

Cristóbal de Miranda en nombre de Juan de Miranda, su padre, y en el de su hermano Diego García, pareció ante el Teniente Luis Muñoz Bravo para cobrar los bienes que ambos dejaron. Señaló que los albaceas de su padre no cumplieron el año de su albaceazgo, y los albaceas de su hermano le dieron poder para cobrar los bienes de dicho difunto. Por lo que a través de la presente, solicita se mande parecer a los albaceas para que saquen cuenta de lo que se ha cobrado y de lo que les falta por cobrar.\n\n\n

Antonio de Matienzo, apoderado de Martín de Bermeo, dijo que una de las condiciones del arrendamiento del ingenio de Orizaba que se pactó con su dueño don Rodrigo de Vivero, fue que se incluirían todos los esclavos que han trabajado en dicho ingenio, y al realizar el inventario de éstos y de los que están al servicio puertas adentro de la casa de doña Melchora de Aborruza, mujer de Vivero, resulta que no están varios esclavos, por tanto suplica a la autoridad se mande a don Rodrigo de Vivero le entregue los dichos esclavos. En respuesta, Felipe de la Cueva y de Herrera, declara que cuando él recibió el ingenio de parte de Vivero, estos mismos esclavos faltaron.

Inventario de bienes que quedaron por fin y muerte de don Rodrigo de Vivero, presentado por doña Melchora [de] Aborruza, su mujer y Juan de Vivero, su hijo. Entre sus bienes se encuentra la hacienda e ingenio de Orizaba con las tierras de ellas y llanos de Jalapa, Orizaba y Tecamachalco, entre otros muchos bienes.

Testamento y codicilo de Juanes de Arizcun, hijo legítimo de Pedro de Arizcun y de Magdalena de Urbieta, naturales de la provincia de Guipúzcoa, en los reinos de Castilla, provincia de Vizcaya, en la villa de Rentería, en donde declara estar casado con Magdalena de Saín, con quien ha procreado a Magdalena y a Juana, casadas, a Mariana y a Isabel. Declara por bienes en la dicha villa unas casas, una huerta y un pedazo de tierra con manzanales. En términos de este pueblo tiene dos estancias y dos caballerías de tierra y ganado de cerda. Ordena que si su mujer no viene a estos reinos con sus hijas, sus bienes los administre Gil Dávila Montemayor y Pedro de Sagastibarria, vecino de la ciudad de los Ángeles, a quienes también nombra como albaceas testamentarias, y señala como herederas a sus cuatro hijas.

Manuel de Prado, vecino del pueblo de Maltrata, con poder y en conjunta persona de Beatriz González, señala que la dicha Beatriz, fue albacea de su difunto marido Pedro Martín Castellanos, y tutora de sus hijos, como aparece en los recaudos que en la presente se incluye, y con el derecho que a dicha Beatriz conviene, pide que vuestra majestad nombre curador ad liten de los menores, y se le notifique asista a tomar cuentas a la dicha Beatriz del dicho albaceazgo, nombre contador, curador y las demás diligencias que convengan. Visto por el Corregidor, se propuso a Francisco González y a Diego Hernández Muñiz, a los que se les notificó y se espera la aceptación del cargo.

Cédula Real para evitar que haya confusión en los reinos, por razón de los muchos escribanos ignorantes en el ejercicio de dicho oficio. Se ordena que en adelante no se dé título de Escribano Público a persona alguna, salvo que fuera conocida y examinada por el Consejo de su Majestad y hallado que es hábil e idóneo para ejercer tal oficio, y que la carta de escribanía fuera firmada en sus espaldas, por lo menos de cuatro de los integrantes del consejo, debiendo firmar el acta hasta después del consentimiento del rey. Se ordena que únicamente los escribanos públicos del número sean los que puedan usar el dicho oficio, y que ante éstos puedan realizar contratos de entre partes, obligaciones y testamentos, no teniendo fe ni prueba las escrituras que no pasen por dichos escribanos. Se ordena que los escribanos que no sean del número no se entrometan a recibir tales contratos, so pena de 20 000 maravedís y prisión de su oficio. Se ordena que todos los autos judiciales, protocolos y escrituras públicas hechas por escribanos sean entregados a Francisco Miguel Ferrera, Escribano Público de la jurisdicción de Orizaba, para que los tenga en guarda y fiel custodia en su archivo.

Inventario y almoneda de los bienes que quedaron por muerte de Luis Domínguez, mayordomo que fue de la hacienda de Acatapa, perteneciente a Martín de Prado.

Inventario y auto de los bienes de Pedro Hernández Catalán, difunto, vecino que fue de Orizaba.