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Capítulos de la petición y decreto que siguen don Antonio de los Ángeles, indio natural y Alcalde del pueblo de San Antonio Tlaquiquistlan, Juan Hernández, Esteban de Molina y Martín Hernández, indios principales de dicho pueblo, por sí y por los demás indios de ese pueblo, contra su Corregidor, Juan de Orfanel, por deudas de maíz, salarios, vejaciones y maltrato que reciben los indios puestos a su servicio.\n

Real provisión compulsoria emitida por el Rey para trasladar a la Real Audiencia el proceso que se sigue contra Manuel [de] Herrera, vecino del partido de Huatusco, sus hijos y criados, por la muerte de dos bueyes y dos vacas y ser hombre de mala lengua, cuya sentencia emitida por Juan de Orfanel, Corregidor que fue de este partido, ha apelado el dicho Herrera por medio de Diego de Aro, Procurador, solicitando al rey esta compulsoria debido a agravios en su persona y bienes que les ha ocasionado el mencionado Orfanel.

Real provisión compulsoria emitida por el Rey para trasladar a la Real Audiencia el proceso que contra Francisco Martín Espejel, dueño de sus carros, le sigue Juan Coronado, Juez del Camino nuevo de la ciudad y puerto de la Veracruz, quien dio orden de aprenderlo por haber comprado unos carros y bueyes a Agustín de Sosa y a Francisco González, carreteros, sin saber que estos sujetos habían tenido cuestión con un fulano moreno, mayordomo de la cuadrilla de carreras de Diego Díaz, y que en la cuestión había salido muerto un indio, por lo cual Francisco Martín Espejel, apela la orden del Corregidor, argumentando que éste no tiene jurisdicción, ni él ha cometido delito, y que por estar en prisión ha perdido como 6 000 pesos por unos bueyes que se le han extraviado y no pudo ir en su búsqueda.

Juan de Meza declara llevar en su partida seis novillos del hierro de Pedro [de] Villaseca, los cuales lleva por otros que trasladó entre la partida de [ganado] del hierro de Juan [de]Majuelo, presbítero, como mayordomo que es de la estancia del dicho Pedro Villaseca.

Real provisión emitida por el Rey para que puedan testar los naturales, dirigida a los corregidores, alcaldes mayores y ordinarios y a sus demás jueces y justicias de todas ciudades, pueblos y villas de la Nueva España, con motivo de que el Licenciado Tomás Espinosa de la Plaza, Fiscal de la Real Audiencia de México, hizo relación diciendo que en todo el distrito de esta audiencia se va introduciendo una injusticia y abuso contra todo derecho entre los naturales, defraudando en sus últimas voluntades de los padres a los hijos y los hijos de los padres de sus legítimas, y para que esos excesos no pasasen adelante y se remediasen, suplicó al Rey se le librase esta provisión real, insertando en ella las reales leyes que se tratan sobre las sucesiones, testamento y abintestato, dándoselas a entender a los naturales y repartiéndose a todas las justicias de los pueblos. Entre las leyes que se citan están la ley trece del título sexto, libro quinto de la Recopilación de Leyes y la ley primera título ocho y en el mismo título la ley octava.

Demanda de Lázaro Díaz, vecino de este pueblo, a Pedro Rodríguez, boyero residente en esta jurisdicción, por ciertos daños que le causaron sus bueyes a su milpa de maíz.

Real provisión emitida por el Rey, respecto al proceso criminal que se le sigue en la Audiencia de la ciudad de México a Jorge Martín, preso en la cárcel real de la corte, acusado de haber dado muerte a Alonso Camacho, boyero de Juan Gutiérrez Rojo, en el pueblo de Orizaba, propinándole muchas puñaladas, por lo cual se mandó que lo aprendiera Juan de Valencia, Receptor de la Real Audiencia. Camacho se resistió y tiró un arcabuzazo hiriendo a dicho Valencia, quien estuvo a punto de morir. Preso Jorge Martín se procedió a secuestrarle y embargarle todos sus bienes, siendo depositados en Martín de Prado, vecino del pueblo de Maltrata, y en Francisco Hernández, vecino de la estancia de labor llamada Tecolotiquipac, junto al pueblo de San Andrés. Y por cuanto Antonia Hernández, mujer legítima del dicho Jorge Martín, presentó petición para que le devolviesen 1 300 pesos, de los cuales 1 000 pesos corresponden a la dote que llevó al matrimonio y los 300 de arras. Por la presente se ordena informar a los depositarios de los bienes de Jorge Martín, exhiban los bienes para su venta y remate en pública almoneda o fuera de ella y de ello se paguen los 1 300 pesos que reclama Antonia Hernández.