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Doña María de la Barreda Gayón, viuda de don Felipe de Acosta, de esta vecindad, otorga que adjudica a su hija doña María Josefa de Acosta, en pago de su legítima paterna que tenía en su poder, la casa que labró en solar comprado a los herederos de Cristóbal de Rivera y Juana Grajales, que consta de 25 varas de frente y 29 ¾ de fondo, señalando que el valor de dicha casa es de 913 pesos 3 reales.

Juan y Diego Ortiz de Zárate, hermanos, vecinos del pueblo de Jalapa, hijos legítimos y herederos de Diego Ortiz de Zárate, por testamento otorgado el 7 de febrero de 1684, en que decía le estaba debiendo a Diego de Rivera, pardo libre de oficio sastre, 20 pesos que proceden de 120 pesos en que libertó a Cristóbal, su hijo y esclavo de dicho difunto, cuyo resto mandó se cobrase por sus bienes y confesando que su padre recibió de Diego de Rivera los 100 pesos y como herederos y albaceas percibieron los 20 pesos que se distribuyeron entre todos los hermanos; en atención a lo referido otorgan carta de libertad a Cristóbal de Rivera, de 28 años más o menos, hijo legítimo de Diego de Rivera, difunto, y de Juana, mulata esclava por los 120 pesos que su padre recibió.

Juan José y Juan Antonio, hijos legítimos y herederos de los difuntos Cristóbal de Rivera y Juana Grajales; venden a doña María de la Barreda, viuda de Felipe de Acosta y vecina de este pueblo, una casa y solar de 25 varas de frente y de fondo 29 varas y 3 cuartas, linda al oriente con la calle que baja para Santiago y el cementerio de San Francisco, al sur con la misma calle y solar de don Juan Ricardo de Guzmán, al poniente con Miguel Chávez y al norte con solar y casa de su abuela Eugenia Hernández, en la cantidad de 112 pesos.

Simón de Andrade, Miguel de Andrade, Cristóbal de Rivera y Andrés Leal, por si y en nombre de Bernabel Ortiz, dueños de un sitio y de una caballería de tierra nombrada Temisisco en términos del pueblo de Altotonga, jurisdicción de Jalacingo, otorgan poder general a Miguel Ruiz de la Mota, vecino de dicho pueblo de Altotonga, para que los represente en todos sus pleitos, causas y negocios civiles y criminales, eclesiásticos o seculares.