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José Antonio Escobar, vecino en el pueblo de Altotonga del cantón de Jalacingo, hijo de don José Mariano Escobar y doña María Tomasa de Aguilar, difuntos; otorga su testamento en la forma y manera siguiente: Manda ser amortajado con el hábito de San Francisco y se le sepulte en el lugar que decidan sus albaceas, excusando la mayor pompa. Declara fue casado en primeras nupcias con doña Joaquina Gómez, quien llevó al matrimonio 1 800 pesos, incluida una casa situada en el Barrio de Santiago del pueblo de Altotonga, y lo que él tenía se consumió en atención a las cargas de dicho matrimonio, durante éste, procrearon a doña Guadalupe Escobar y Gómez, actualmente casada con don Francisco Zepeda. Declara que al fallecer doña María Josefa Bello, madre de su citada esposa, salió alcanzando a dicha María por suministro que había hecho, la cantidad de qué habla el documento que sus hermanos políticos le hicieron condonación por no poder cubrir, ya que él quedó en total insolvencia cuando murió su consorte, dicho documento está en poder de su hermano político el Coronel don Francisco Javier Gómez, a quien se lo dio a guardar. Declara es casado en segundas nupcias con doña María Luisa Márquez y ninguno de los dos llevó cosa alguna al matrimonio, de los bienes que disfruta se han adquirido durante el presente matrimonio, en el que han procreado a Juan José Ramón, José María Miguel, María Francisca Simeona, María Micaela Tranquilina y María Micaela Salomé [Escobar]. Señala por bienes tres casas ubicadas en el pueblo de Altotonga, incluyendo la casa ubicada en el Barrio de Santiago, misma que fue de su primera esposa, pues volvió a comprarla con dinero que durante el actual matrimonio ha adquirido. Asimismo, son bienes suyos un rancho en tierra caliente, en términos del mencionado pueblo, con siembra de caña, trapiche y una pequeña fábrica de aguardiente con los enseres y utensilios necesarios, además de varios solares y algunos otros intereses de lo que tienen conocimiento sus albaceas. Existen unas tierras nombradas Chichicapa en términos de dicho pueblo, en los que tiene acción su difunta esposa doña Joaquina Gómez, cuyas tierras son como de veinte almudes de sembradura de maíz. Debido a sus comercios, tiene cuentas activas y pasivas, las que manda que a su fallecimiento se cobre lo que le deban y se pague lo que él debiere, de todo esto constara en su libreta de apuntes. Manda que el remanente de sus bienes se divida entre su esposa como parte de sus gananciales y la otra parte como herencia para sus hijos del primer y segundo matrimonio. Nombra por albacea, tenedores y fide comisarios de sus bienes a la mencionada doña María Luisa Márquez, su esposa, y en segundo lugar a su hermano político don José Manuel Márquez. Asimismo, nombra por tutor y curador de sus hijos al Licenciado don Manuel Fernández Leal, actual diputado en el Congreso de este estado de Veracruz.

Don Bernabé de Elías Vallejo, de esta vecindad y comercio, revoca el poder especial que le confirió al licenciado don Manuel Fernández Leal, dejándolo como lo deja en su buena opinión y fama. Y por la presente, otorga poder general al licenciado don Manuel Ponte, vecino de la ciudad de Puebla, para que en su nombre se presente en el tribunal que corresponda, a agitar el giro y conclusión del concurso a bienes del finado don Francisco Antonio Cortina, dueño que fue de la hacienda de Cuantotolapan [Cuautotolapa], en jurisdicción del partido de Jalacingo, términos a Perote, a cuyo efecto pueda parecer y parezca en todos los tribunales superiores o inferiores que importen. Así como, le otorga poder para todos los asuntos, pleitos, causas y negocios que al presente tenga o en adelante se le ofreciere, promoviendo y practicando cuantos actos, autos, agencias y diligencias judiciales o extrajudiciales se requieran.

Don Manuel Morales, vecino de Perote, dijo que teniendo noticia de que la hacienda de Cuautotolapa, lo mismo que una casa y otros bienes muebles del finado don Francisco Antonio Cortina, salían a pública subasta para con su producto satisfacer a los acreedores que resultaron al tiempo de su muerte, hizo postura en forma legal el día 28 de junio último a los mencionados bienes en calidad de licitante, prometiendo dar por todos ellos 26 000 pesos, ofreciendo dar 500 al contado, igual cantidad anualmente para pago de réditos atrasados, reconocer los capitales que ha reconocido hasta ahora la finca, dejando la redención de los de plazo cumplido reservada a un convenio particular por no poder satisfacerlos desde luego, y pagar los réditos corrientes con toda exactitud, fuera de otras cosas que ofreció, que constan en el acta del remate celebrado judicialmente. Y para la mayor seguridad de todas estas promesas hipotecó todos sus bienes, después de haber dado los abonadores de estilo y ofreció presentar dos fiadores legos, llanos y abonados, que obligándose como principales pagadores gravarán con hipoteca especial sus bienes. Que vista esta postura por el Señor Diputado Licenciado don Manuel Fernández Leal que representa la mayoría de acreedores así en créditos como en personas; por don José Joaquín Cowley, síndico del concurso; por don José Ignacio Martínez, representante de otros acreedores; y por don Andrés Castillero, que obraba por la viuda de Cortina, pidieron al señor juez de los autos que diese por admitida esta postura y que se anunciara al público por si se presentase otro individuo que mejorara dicha postura, lo cual no se presentó, verificándose finalmente el remate en don Manuel Morales, a quien se la ha comenzado a dar posesión de los bienes y a cumplírsele lo que por parte de los acreedores se le había prometido. En cuya virtud, queriendo dar cumplimiento a lo que él prometió, otorga que ratifica de nuevo todas las promesas y estipulaciones con que se le remataron los bienes raíces, muebles y semovientes de que queda hecha relación, dando aquí por insertas e incorporadas todas las cláusulas de la referida acta de remate. Y para mayor seguridad hipoteca lo expresada hacienda de Cuautotolapa, asimismo, presenta como sus fiadores a don Marcelino de Rugama, de esta vecindad, y a don José Antonio Morales, vecino de Cruz Blanca, cantón de Jalacingo, quienes hipotecan sus haciendas nombradas Tenestepec [Tenextepec], que posee Rugama en el distrito de Perote, y don Antonio Morales la casa de comercio que posee en la ranchería de Cruz Blanca, edificada en tierras propias del pueblo de Tlacolulan.

Doña María Francisca Peredo, viuda y albacea de don Guillermo de Espino; el Presbítero don José Vicente de Espino y don Francisco González como curadores ad bona el primero y ad litem el segundo de don José María, don Francisco Ciriaco y doña María Manuela de Espino y Soria, hijos de dicho finado en su primer matrimonio con doña María Josefa Soria; el mismo don José María de Espino y Soria a virtud de estarle concedida dispensa de edad; don Antonio José Peredo y don José Vicente de las Casas, curadores también ad bona el primero y ad litem el segundo de don Francisco Mariano y doña Guadalupe Braulia de Espino y Peredo, hijos del repetido finado en su segundo matrimonio con dicha señora doña María Francisca Peredo; dijeron que por fallecimiento del nominado don Guillermo bajo la disposición testamentaria que dejó otorgada se procedió a la facción de inventarios de sus bienes e igualmente a la partición y adjudicación de ellos, habiéndose aprobado todo en seguida por las partes y por el juez. Por lo que no habiendo otra cosa más que formalizar la correspondiente escritura de adjudicación, otorgan que ratifican en la más bastante forma la aprobación de inventarios, partición y adjudicación, según como aparecen en los autos y cuenta de división formada por el Contador Licenciado don Manuel Fernández Leal.

Don Bernabé de Elías Vallejo, de esta vecindad y comercio, otorga poder al Licenciado Manuel Fernández Leal, Diputado del Honorable Congreso del Estado y residente en ésta, para que en nombre y en representación de su persona, derechos y acciones, siga los asuntos que tiene pendientes en su comercio, correspondientes a cobranzas y demás diligencias convenientes a sus establecimientos.

El Bachiller don José María Aparicio y don Rafael Velad, de esta vecindad, dijeron que son apoderados: el primero de su señor padre don Manuel Ignacio Aparicio y el segundo lo es sustituto de doña María Micaela Rodríguez Rojo y Ortega, como consta los poderes insertos en esta escritura. Dijeron que los referidos don Manuel Ignacio Aparicio y doña Micaela Rodríguez parecieron el primero por sí y la segunda por medio de su apoderado principal, don José María Campoverde, en esta ciudad el 31 de marzo de 1826, diciendo el primero que tenía cuentas pendientes con la Rodríguez sobre compañía y administración de la hacienda o trapiche de la Concepción, propia de esta señora, ubicado en la doctrina de Jilotepec; cuentas que reducidas a juicio serán interminables y erogarían incalculables gastos; por lo que a estímulo de aquel Juez convinieron en nombrar contadores, jueces, árbitros, etc. que oyéndolos y visto sus documentos, cuentas y papeles, se las transasen y liquidasen poniéndolas en su final conclusión. En cuya virtud, Aparicio nombró por árbitro a don Dionisio Camacho y Campoverde a don José Fernando de la Peña. Siendo nombrado por el juez un tercer árbitro, que lo fue don Juan Francisco de Bárcena. Y habiendo pronunciado sus laudos don Dionisio Camacho en 14 de noviembre de 1826 y don José Fernando de la Peña el 2 de septiembre de 1828, éstos quedaron discordes, y se pasó éste al tercer árbitro, quién el 4 de mayo de 1829 pidió la práctica de varias diligencias y el 6 de agosto de 1831, después de haber expresado con la mayor energía su parecer en el asunto, vino a concluir que el compromiso se otorgase ante una persona de fe pública. Cuyo arbitraje fue aprobado por ambas partes y practicadas algunas diligencias, se resolvieron a otorgarlo ante el presente escribano considerando lo siguiente: Primero, que éste litigio tubo origen en la compañía que ambos litigantes tuvieron en la referida hacienda, sin que el contrato de sociedad se hiciese constar por documento alguno que aclarase las obligaciones de los socios. Segundo, que les es muy difícil a ellos mismos poner en claro sus cuentas. Tercero, que considerando cada uno de los contendientes acreedor al otro en cantidad indeterminada de pesos, será interminable el litigio. Cuarto, que las costas que impenderían en el juicio serían tan considerables que les acarrearían perjuicios en sus respectivos intereses. Finalmente, usando de la facultad que les concede la ley, ambos apoderados otorgan que comprometen las pretensiones introducidas en los autos que se han referido por ambas partes en el licenciado don Antonio Viamonte y en don Juan Francisco de Bárcena, a quienes eligen y nombran por contadores y jueces; y confieren amplio poder y facultad para que dispongan que dentro del término de 30 días hasta los 60 de la ley y contados desde la última notificación se reciban por el señor alcalde juez nato del pleito, las probanzas que a los otorgantes parezcan convenientes.

Doña María Luisa de Castro y de Guevara, mayor de edad y que se gobierna por sí sola, vecina de este suelo, dijo que el año pasado de 1828, vendió a doña María Francisca Peredo una casa que poseía por propia, ubicada en esta ciudad a la calle de San Francisco, haciendo esquina a la del Ganado, y otra esquina al callejón de la Sierpe o de Acazingo, con su frente principal a dicha calle de San Francisco por el sur, por oriente linda con el referido callejón, por poniente con la nominada calle del Ganado, y por el norte, que es el fondo, con casa que fue del Presbítero don Antonio Zárate. Cuya venta se formalizó por escritura de 10 de septiembre de 1828, ante el escribano don Juan Francisco Cardeña, y habiendo fallecido don Guillermo de Espino, con quien estaba casada doña María Francisca Peredo, se colacionó la referida casa en el caudal de ese testador y hecha la partición de sus bienes fue aplicado el citado fundo a doña María Manuela de Espino y Soria, hija del mismo finado, según le han informado a la comparente. Asimismo, le han informado que tratándose de anotar las escrituras de las casas por la adjudicación referida, no se encuentra en el protocolo de este oficio público la escritura de venta que otorgó la relacionante, sin embargo de que en el pie de la copia que de ella dio el escribano Cardeña, dice éste que la original la entregaba al alcalde cuarto, que era entonces don Dionisio Camacho, para que se agregase al registro. Por tal razón, a través de la presente, los interesados de la citada casa solicitaron a la comparente ratifique la venta que le hizo a doña María Francisca Peredo, de la casa que queda deslindada, por lo que ésta lo formaliza y entrega los títulos, señalando que hace la venta, al precio de 3 000 pesos que desde aquella fecha le fueron entregados.

Doña María Francisca de Iriarte y Alba, de esta vecindad, mayor de edad, viuda del finado don Juan Lucas de Olavarrieta, dijo que su citado esposo la nombró junto con su difunto hermano don José Miguel de Iriarte, por sus albaceas testamentarios, fideicomisarios y tenedores de sus bienes, y solo a ella como tutora y curadora de sus cuatro menores hijos don Francisco de Paula Fructuoso, doña Juana Emeteria, don José Miguel Antonio del Águila y don Ramón Cristóbal de Olavarrieta e Iriarte. Dicho cargo le fue discernido por el señor alcalde de cuarta nominación en dicha misma ciudad el 10 de enero de 1833, después de estar concluida la testamentaria de su citado finado esposo, bajo la cuenta de división y partición que formó y presentó al juzgado el licenciado don Manuel Fernández Leal, en 20 de octubre de 1832. Por lo antes mencionado, la comparente otorga que a nombre de la testamentaria que representa y de sus menores hijos, adjudica en pago de deuda la casa de la morada que fue de su difunto esposo, la cual está situada en la primera cuadra de la calle de la Amargura, haciendo su frente al oriente, dicha calle en medio, y del otro lado el costado de la iglesia parroquial, por el poniente que es su fondo linda con el segundo patio de la casa que fue de Murphy, y hoy es del señor General don Manuel Rincón, por el sur con casa baja de don Ignacio Sánchez y por el norte con alta del finado don Juan Bautista de Lotina y Erdicoa, que sirvió de casa de correos. Declara que dicha casa fue puesta en pública subasta, pero no se remató por no haber postor, conviniendo de esta forma con el señor Portilla, como acreedor de la deuda de 3 290 pesos 7 y medio reales, en que solo se le paguen 1 800 pesos, adjudicándole la casa por 4 000 pesos, y que los 2 200 restantes él los satisfará por mesadas de a 60 pesos que comenzarán a contarse desde enero del presente año. Cuya casa la hubo y compró su finado esposo a don Manuel de Villa y Gibaja, vecino que fue de la nueva Veracruz, venta que verificó don Sebastián de Aguirre en virtud de poder que al efecto le otorgó aquel, como consta en escritura que en favor de Olavarrieta entregó el citado Aguirre en 23 de abril de 1818. Casa que Gibaja, compró a don Pablo Martín de Jáuregui, y es la misma que ahora adjudica al mencionado don Luis de la Portilla, libre de hipoteca y la asegura al precio de 4 000 pesos.